Programa interno de protección civil en Mérida, Yucatán

El programa interno de protección civil es el instrumento con el que un inmueble define medidas y procedimientos preventivos para enfrentar emergencias o desastres. No es un formato intercambiable: debe partir del uso, las personas presentes, los recursos disponibles y la organización del lugar, como prevén la Ley estatal, artículo 57, y el Reglamento de Mérida, artículo 42-15.

Programa interno de protección civil: qué es y quién está obligado

La Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán obliga a contar con programa interno a los inmuebles públicos o privados donde puedan coincidir más de 25 personas, haya servicios educativos o se manejen materiales peligrosos. La responsabilidad recae en administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios, según el artículo 37.

Hay una diferencia importante en el umbral. La regla estatal dice “más de veinticinco”, así que 25 personas no entran por ese supuesto numérico. En cambio, Mérida obliga a elaborar el programa con afluencia de “25 o más” personas o cuando el inmueble represente riesgo para la población y el entorno, artículo 42-34. Por ello, el aforo y la naturaleza del giro deben revisarse desde el inicio, no solo el número de empleados.

Qué contiene según la ley estatal y el reglamento de Mérida

La Ley estatal, artículo 61, estructura el contenido en cinco componentes. El Reglamento de la Ley, artículo 45, los desarrolla mediante planes operativos y de continuidad. En Mérida, el artículo 42-16 pide capacitación para personal de nuevo ingreso y la carta de responsabilidad o corresponsabilidad aplicable.

Ley de Yucatán, art. 61	Reglamento estatal, art. 45
Diagnóstico del inmueble, incluidas alarmas, extintores, hidrantes y señalización	Plan operativo de la unidad interna con prevención, auxilio y recuperación
Unidad de protección civil	Plan de contingencias
Medidas de prevención, capacitación, ejercicios y simulacros	Plan de continuidad de operaciones
Medidas de atención de emergencias	Medidas y equipo de seguridad, señalización y capacitación de brigadas
Medidas de recuperación	Ejercicios y simulacros dentro del plan operativo

Ante quién se registra y cada cuándo se actualiza

La Coordinación Estatal de Protección Civil, conocida como PROCIVY, atiende los educativos, los que manejan materiales peligrosos y los inmuebles de la administración pública estatal. La coordinación municipal corresponde a inmuebles con presencia simultánea de más de 25 personas, conforme a la Ley, artículos 24 y 62.

El programa debe llevar firmas de dirección, administración o gerencia e informar empleados y uso del inmueble, artículo 62. La Ley exige actualizarlo anualmente, aunque permite avisar la falta de cambios hasta cinco veces, artículo 61. Mérida no fija renovación periódica, pero exige actualizar por cambio de giro, tecnología o modificación sustancial, artículo 42-16. Sus programas se presentan ante la Coordinación Municipal y deben quedar autorizados y registrados, artículos 42-17 y 42-40.

Unidad interna, brigadas y simulacros

Cuando el inmueble tenga más de 50 empleados, debe contar con unidad interna de protección civil. La Ley, artículos 40 y 41, le atribuye dirigir las acciones y pide que su personal conozca el programa. En Mérida, el artículo 42-38 menciona coordinación general, vocalías y coordinación de evacuación.

Los simulacros deben documentarse con la acción realizada y los nombres de quienes participaron. La Ley establece al menos uno cada seis meses, artículo 37, fracción II. El Reglamento de Mérida exige cuando menos dos al año, artículo 58. El programa debe dejar calendario y registros.

Equipo y señalización que respaldan el programa

El programa relaciona recursos que deben estar visibles y ser accesibles. La Ley, artículo 37, fracción III, menciona equipos de seguridad, señales preventivas, restrictivas e informativas, luces de emergencia, equipos de atención médica prehospitalaria e instructivos y manuales para casos de emergencia. El Reglamento estatal, artículo 20, pide la señalización respectiva conforme a las normas oficiales mexicanas en la materia.

La norma citada no determina cuántos extintores, detectores o botiquines debe tener cada inmueble. La selección puede vincularse con extintores, señalización y emergencia y lámparas de emergencia. Para bajo riesgo, el artículo 42-37 de Mérida enumera dos extintores ABC de 4.5 o 6 kg, instructivos, mantenimiento anual de instalaciones y brigadistas, sin añadir luces, detectores o botiquín.

Dictamen de riesgo y dictamen de la SSP: no son lo mismo

El dictamen de riesgo debe obtenerse antes de la autorización de funcionamiento. El Reglamento estatal, artículo 24 bis, prevé una constancia de cumplimiento de la coordinación competente. El análisis de riesgo tampoco es lo mismo: aplica antes de construir inmuebles que no sean vivienda unifamiliar, Ley, artículo 38.

Por separado, la Secretaría de Seguridad Pública emite el dictamen de inspección para inmuebles con cisterna de emergencia o sistemas de hidrantes con mangueras y tomas siamesas. El artículo 24 quater pide planos con señalética y comprobantes vigentes de recarga. No se debe sustituir un trámite por otro.

Quién puede elaborarlo y la carta de corresponsabilidad

La Ley, artículo 43, limita la asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de programas a quienes cumplan el requisito de la Coordinación Estatal. El registro de personas autorizadas es público y la autorización dura tres años, artículo 44. Al contratar, conviene verificar que corresponda al alcance solicitado.

En Mérida, el programa debe llevar carta de responsabilidad o corresponsabilidad según lo formule la empresa o un capacitador externo registrado ante la Coordinación Estatal, artículo 42-16. La carta de corresponsabilidad requiere un aviso bajo protesta de decir verdad, artículo 42-18. Quien no pueda pagar la elaboración puede pedir asesoría técnica a la Coordinación Estatal, Ley, artículo 63.

Inspecciones y sanciones

Las coordinaciones estatal y municipales pueden realizar inspecciones cuando lo consideren, Ley, artículo 89. Son graves no contar con equipo funcional y señales claras, omitir simulacros o carecer de autorización, unidad interna o programa cuando exista obligación, artículo 87.

Las leves pueden recibir amonestación o multa de 100 a 500 UMA. Las graves pueden sancionarse con 500 a 5,000 UMA y clausura temporal o definitiva, conforme al artículo 90. La Ley no fija equivalencia en pesos.

Datos para cotizar el programa interno

Para dimensionar el expediente se requiere giro, superficie, aforo, personal, planos y equipo existente. También importa saber si hay materiales peligrosos, servicios educativos, cisterna de emergencia o red de hidrantes. Comparte la información al solicitar una cotización para definir el alcance.